En Nueva York planean “cortar las alas” a aerolíneas que realizan vuelos de deportaciones express
Líderes demócratas plantean regulaciones y castigos fiscales a las aerolíneas que deporten a inmigrantes sin una orden judicial válida
La legislación busca poner fuertes regulaciones a las aerolíneas que participan en vuelos de deportación que salen de Nueva York. Crédito: Matt York | AP
Un anteproyecto de ley estatal presentado por el Caucus Legislativo Afroamericano, Puertorriqueño, Hispano y Asiático (BPHA) de Nueva York busca poner fuertes regulaciones a las aerolíneas que participan en vuelos privados de deportación que salen desde el estado.
La propuesta conocida como Ley de Instalaciones Aeroportuarias Estatales para el Cumplimiento de la Responsabilidad en las Deportaciones de Inmigrantes (SAFE AIR) quiere garantizar que el estado de Nueva York no colabore, directa o indirectamente, en acciones de control migratorio que carezcan de las protecciones fundamentales del debido proceso, que exige la Constitución de los Estados Unidos.
Específicamente la Ley SAFE AIR, prohibiría a las agencias, autoridades, departamentos, gobiernos locales y corporaciones de beneficio público del estado de Nueva York, contratar con aerolíneas comerciales, que participan en las deportaciones iniciadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), sin una orden judicial válida y sin garantizar el a asesoría legal y una audiencia de inmigración.
“El respeto al debido proceso no es opcional. Es la piedra angular de nuestra democracia. Esta legislación envía un mensaje claro: si desea hacer negocios con el Estado de Nueva York, debe respetar el estado de derecho y los derechos constitucionales, que se otorgan a toda persona en territorio estadounidense”, expuso la senadora estatal demócrata Patricia Fahy, quien representa a Albany.
Este grupo legislativo cuestiona el aumento de las deportaciones sin el debido proceso, bajo la aplicación e interpretación de la Ley de Enemigos Extranjeros por parte de la istración Trump, en donde centenares de migrantes, han terminado incluso en cárceles de El Salvador y Guantánamo en Cuba.
El castigo a las aerolíneas
En concreto, se señala en la lista de las aerolíneas, que han venido trabajando estrechamente con ICE a Avelo Airlines, la cual opera en cuatro aeropuertos pequeños del estado de Nueva York.
De acuerdo con la agencia AP, Avelo Airlines anunció en abril la firma de un acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, para realizar vuelos chárter de deportación desde el Aeropuerto Mesa Gateway, en las afueras de Phoenix. Aseguró que utilizará tres aviones Boeing 737-800 para los vuelos.
Bajo esta legislación, las aerolíneas que deseen contratar con entidades neoyorquinas, no podrán transportar detenidos para el ICE, sin una orden judicial válida y garantías de debido proceso.
Las aerolíneas que no cumplan con estos requisitos, no podrán optar a beneficios fiscales, incluida la exención del impuesto sobre las ventas vigente, para la compra de combustible para aviones.
Este sería un poderoso incentivo financiero para el cumplimiento, ya que la exención del combustible para aviones ahorra a las aerolíneas, aproximadamente 170 millones de dólares anuales en el Estado de Nueva York.
“Estamos poniendo toda nuestra energía, en que se apruebe esta legislación lo antes posible. Los impuestos de los neoyorquinos, no pueden ser usados para financiar ilegales separaciones familiares“, argumentó la asambleísta, Michaelle Solages, presidenta de BPHA.
Por su parte, fuentes de la minoría republicana en la Asamblea Estatal, calificaron la idea como “inocente e inútil”, pues de ningún modo se podrá detener la estrategia de seguridad nacional de la istración Trump.
La Ley SAFE AIR no entra en conflicto con la autoridad federal de inmigración, ya que no prohíbe a las aerolíneas cumplir con las órdenes federales legítimas; en cambio, regula la autoridad exclusiva y los beneficios fiscales de los estados, que constitucionalmente están reservados a los estados.
Nada de lo dispuesto en esta legislación prohíbe o penaliza a una aerolínea por cumplir con una orden judicial válida o un mandato federal legal, que termine prestando servicios de deportación a ciudadanos a los cuales se le respetó el debido proceso.
La postura federal
La istración Trump ha defendido que “no se necesita una orden de arresto judicial o istrativa para aprehender a un Enemigo Extranjero validado”, en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 (AEA), que solo se aplica en tiempos de guerra.
La fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, ha declarado que “los inmigrantes detenidos bajo la AEA no tienen derecho a una audiencia ante un juez de inmigración, a apelar la orden de expulsión ante la Junta de Apelaciones de Inmigración, ni a una revisión judicial de la expulsión en ningún tribunal de los Estados Unidos”.
Sin embargo, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó por unanimidad este año que los detenidos bajo la AEA, están sujetos al debido proceso y pueden impugnar su detención mediante recursos de hábeas corpus.
