Gobierno de Trump deporta a migrantes a Sudán del Sur pese a prohibición judicial

La istración del presidente Donald Trump deportó a ocho migrantes —incluyendo a dos cubanos y un mexicano— a Sudán del Sur, un país inmerso en un conflicto armado, una medida fue ejecutada pese a que una orden judicial federal vigente prohibía expulsar a personas sin permitirles impugnar su traslado.

El vuelo partió desde Texas, según confirmó la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin. Aunque evitó revelar el destino final “por motivos de seguridad”, indicó que los migrantes seguían bajo custodia del gobierno estadounidense.

El grupo estaba conformado por ciudadanos de Cuba, México, Laos, Vietnam, Birmania y Sudán del Sur.

Horas antes del traslado, varias organizaciones defensoras de derechos de los migrantes presentaron un recurso de emergencia en una corte federal de Massachusetts. Denunciaron que al menos dos de sus representados habían sido informados de que serían enviados a Sudán del Sur, sin haber tenido oportunidad de apelar la decisión.

En respuesta, el juez federal Brian Murphy convocó a una audiencia urgente el miércoles y determinó que la deportación violó una orden judicial previa. Según señaló, esa disposición impedía al Gobierno expulsar a migrantes a terceros países sin brindarles la posibilidad de defender su caso.

“Fue imposible para estas personas tener una oportunidad significativa de oponerse a su traslado a Sudán del Sur”, reprochó Murphy a los abogados del Gobierno en la audiencia. “El vuelo obviamente contravino la orden de esta corte”, agregó.

Entre los deportados se encuentran Enrique Arias Hierro y José Manuel Rodríguez, originarios de Cuba; Jesús Muñoz Gutiérrez, de México; Thongxay Nilakout, de Laos; Tuan Thanh Phan, de Vietnam; Kyaw Mya y Nyo Myint, de Birmania; y Dian Peter Domach, de Sudán del Sur.

La istración Trump defendió su decisión al señalar que todos los migrantes deportados tienen antecedentes penales, incluyendo delitos como asesinato y robo con arma de fuego.

“Ningún país en el mundo quería aceptarlos porque sus crímenes son especialmente monstruosos”, declaró McLaughlin en Washington. Añadió que el Departamento de Estado había logrado llegar a un acuerdo con Sudán del Sur para recibirlos.

El traslado ha generado preocupación entre defensores de derechos humanos y expertos legales. Alertan que deportar personas a un país en guerra, como Sudán del Sur, sin un debido proceso, no solo representa un riesgo para su seguridad, sino que también podría violar la Constitución estadounidense.

De hecho, el Departamento de Estado mantiene una advertencia para evitar viajar a ese país y retiró a su personal no esencial de la embajada en mayo, ante la inseguridad generalizada.

Con información de EFE.

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