Al menos 60 migrantes se declararon culpables de ingresar en zonas militares en la frontera
Los migrantes fueron condenados por haber traspasado una zona de uso militar en el condado de El Paso, Texas
La istración Trump ha defendido estas medidas como necesarias para garantizar la seguridad nacional Crédito: Gregory Bull | AP
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó este martes que al menos 60 migrantes se han declarado culpables de haber ingresado ilegalmente en zonas militares recién establecidas en la frontera con México, como parte de la estrategia del presidente Donald Trump para endurecer el control fronterizo.
Según el comunicado oficial, hasta el 19 de mayo, las personas acusadas itieron su responsabilidad ante tribunales federales y fueron condenadas por haber traspasado una zona de uso militar en el condado de El Paso, Texas.
La fiscal interina del Distrito Oeste de Texas, Margaret Leachman, afirmó que las sentencias representan “un paso positivo en el proceso judicial para disuadir la inmigración ilegal”, en línea con la nueva política de militarización de la frontera impulsada por el gobierno republicano, publicó Efe.
El presidente Trump instruyó al secretario de Defensa, Pete Hegseth, a ampliar el control militar en zonas cercanas a la frontera, lo que ha permitido al Pentágono tomar control directo de dos tramos clave: 274 kilómetros en la Reserva Roosevelt, en Nuevo México, y 101 kilómetros a lo largo del Río Grande, en los condados de El Paso y Hudspeth, Texas.
Estas áreas, ahora bajo dominio militar, habilitan a las fuerzas armadas a detener migrantes, algo que normalmente no está permitido dentro del territorio estadounidense fuera de bases militares. Además, permiten al Departamento de Justicia presentar cargos penales por traspaso de zona militar, un delito con consecuencias legales más severas que el ingreso irregular al país, considerado una infracción civil.
Sin embargo, el número de condenas pudo haber sido más del doble.
La semana pasada, los jueces federales Miguel Torres (Texas) y Gregory B. Wormuth (Nuevo México) desestimaron los cargos contra más de 100 migrantes, al considerar que el gobierno no logró demostrar que los acusados habían sido advertidos de forma clara sobre el carácter militar del área en la que ingresaron.
Estas decisiones judiciales suponen un revés parcial para la nueva estrategia del gobierno, que busca enviar un mensaje más contundente frente al aumento de cruces en la frontera sur.
La istración Trump ha defendido estas medidas como necesarias para garantizar la seguridad nacional, mientras que organizaciones de derechos humanos han advertido sobre posibles violaciones a las garantías legales de los migrantes y la militarización excesiva de la frontera.
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