Reforma migratoria cambiaría las vidas de indocumentados en LA

Para Leslie y Humberto Corado venir de Guatemala hace seis años en un camión de madera y otro refrigerado no fue una forma de escapar de la pobreza, sino de salvar la vida, de poder vivir con un poco más de paz, de escapar de la extorsión de la mara que persigue a las personas comunes para quitarles dinero.

Su historia refleja el miedo que viven muchos guatemaltecos que logran un pequeño negocio, unos muebles para la casa, tener un trabajo estable. “Te hablan por teléfono, saben tu nombre, y te dicen que tienes que pagar una cuota para que no te hagan daño, o te quiebren las paredes o te roben las puertas. A quienes tienen un poco más los amenazan con matarlos”, cuenta Leslie, quien ahora vive en Los Ángeles con su esposo y sus dos hijos, nacidos en EEUU.

Aunque aquí la situación no es fácil, ya que ni marido ni mujer tienen documentos, y luego de venir tuvieron dos hijos, uno de los cuales tiene Síndrome de Down, estar en Los Ángeles es preferible a la delincuencia común y a la mara extorsionadora en su país.

Leslie Corado está llena de anécdotas de gente conocida a la que amenazaron o agredieron en su natal Guatemala. “A una señora que puso su tortillería y porque no pagó la cuota le tiraron una bomba casera”, explica.

La situación económica no es la mejor para Leslie y su esposo Humberto, pero van saliendo adelante a pesar de que él no siempre tiene trabajo en la compañía para la que trabaja construyendo piscinas de ejercicio y remodelando jardines. “Con papeles podría mejorar mis ingresos, y sacar mi licencia y permiso de trabajo”, comenta el esposo.

Regresar a Guatemala es impensable, no sólo por la delincuencia sino porque aquí, el niño mayor de la pareja, tiene una mejor calidad de vida.

“Aquí le dan igualdad con otras personas. Puede sentarse en un parque o donde sea sin ser juzgado. Quizá la gente en secreto se burle, pero allá se burlan abiertamente, hay mucho bullying”, dijo Leslie. “Aquí va a una escuela normal, pero a un salón con niños especiales y tiene un servicio de bus”.

A pesar de que fueron deportados la primera vez que intentaron venir, los Corado podrían legalizar su situación en el país si se aprueba el proyecto de ley que está pendiente en el Senado. Los dos podrían recibir el estatus temporal RPI (Estatus Provisional de Inmigrante) y en unos diez años, si ambos trabajan, pueden lograr la residencia permanente. En tres años más, la ciudadanía.

Parece un camino largo y lo es. Deben cumplir requisitos, no tener delitos ?no relacionados a estado legal? y trabajar con interrupciones de no más de 60 días consecutivos. Deben pagar impuestos y pagar una multa de $1,000 cada uno. Pero un estatus legal inmediato sería una bendición para la familia.

Ambos no lo piensan antes de contestar: el objetivo es comprar una casa. Han tenido que mudarse varias veces de las que han alquilado porque los dueños las han perdido y el dueño de la casa donde viven ahora la quiere vender por necesitar remodelación. “Lo que yo busco es la estabilidad de mi familia. Que mis hijos tengan una casa que puedan decir aquí crecieron, así pasaron sus mejores momentos, que tengan recuerdos”, dice Leslie. “También quisiera capacitarme más y ser maestra, ahora soy voluntaria en la escuela de mi hijo, pero mi falta de documentos no me permite tener un trabajo de asistente de profesora”.

El camino es largo, pero los papeles le darían a los Corado la tranquilidad y estabilidad que ya hace tiempo vienen buscando.

Las personas indocumentadas que hayan llegado al país antes del 31 de diciembre de 2011 y que no hayan cometido un delito grave o 3 o más delitos menores podrán recibir el llamado Estatus Provisional de Inmigrante RPI por siglas en inglés de “ed Provisional Status”.

El estatus RPI durará inicialmente 6 años, prorrogable por otros 6 si la persona sigue cumpliendo con los requisitos para el mismo e incluye una tarjeta con fotografía y datos biométricos. Para renovar hay condiciones: demostrar haber estado empleado continuamente y demostrar no haber sido carga pública.

Califican cónyuges e hijos menores que estén en el país.

Personas deportadas, órdenes de deportación o en proceso califican.